Querida en Europa, rechazada en España

P. R.

«El Comité insta a las autoridades españolas a proporcionar datos oficiales actualizados sobre el asturiano». Ésta es una de las frases que más se repiten en el segundo informe -el anterior fue de 2005- de la Comisión de Expertos sobre la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en España, en vigor en nuestro país desde agosto de 2001. Cuando aporta datos, el Ejecutivo nacional responde a la sugerencia del primer estudio de apoyar la oficialidad, que «la falta de normalización y de una literatura escrita adecuada» explican que el asturiano no sea una lengua cooficial . Y añade: «El proceso de codificación del asturiano aún no se ha concluido».

¿De dónde parten esos informes inexactos? ¿Del Gobierno español o del asturiano? se preguntan instituciones y asociaciones civiles vinculadas a la defensa de la lengua asturiana. El Comité obtiene información de las autoridades de cada Estado y de fuentes independientes. Puede plantear preguntas a los estados sobre cuestiones que considera poco claras, procedimiento que suele ir seguido de una visita «en el terreno» de una delegación del comité, en la que sus miembros se entrevistan con organismos y asociaciones vinculados a la lengua. Tras concluir el proceso, el órgano aprueba su informe y lo somete al Comité de Ministros, junto con una serie de propuestas que éste puede o no considerar. Para los países miembros, las recomendaciones deberían ser de obligado cumplimiento.

Creado en mayo de 1949, el Consejo de Europa aspira a favorecer un espacio democrático y jurídico común, organizado en torno al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Son 47 los países miembros y, desde el pasado mes de noviembre, España preside el Comité de Ministros del Consejo, integrado por los titulares de Exteriores. El pasado mes de diciembre, los ministros aprobaron seis recomendaciones dirigidas al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Una de ellas cita expresamente la lengua asturiana. Se aconseja a las autoridades españolas que «examinen, en colaboración con los hablantes asturianos, la posibilidad de mejorar el nivel actual de protección que ofrece el Estatuto de Autonomía a la lengua asturiana».

Consuelo Vega, directora de Política Lingüística de Asturias y escritora en asturiano, asegura que no le consta «ni desde que yo estoy en el actual equipo, ni antes, ninguna petición de información para la Carta de Lenguas». La responsable política cree que el informe «es estimable, para tener en cuenta y tomar nota de lo aplicable», pero considera que «hay que matizarlo», sobre todo en cuestiones relacionadas con el gallego-asturiano. «Creo que lo que dice sobre esta variante representa a una parte, pero no el conjunto».

Advierte Consuelo Vega de que el Comité no pide la cooficialidad, sino la mejora del nivel de protección. «Para esto tenemos dos vías: una es la de trabajar dentro de nuestro marco legal, ahondando en la protección, y lo estamos haciendo como demuestra que existan una dirección regional y mayor dotación económica (el presupuesto para este año es de 3,4 millones de euros). La otra es la vía legislativa, pero eso corresponde a la Junta General», subraya.

El estudio del Comité y la recomendación de los ministros es, según fuentes de la Academia de la Llingua Asturiana, «una reprimenda educada al Gobierno español por el trato indigno hacia el asturiano». Las mismas fuentes destacan el hecho de que Asturias «incumple sistemáticamente la normativa legal sobre la llingua».

La recomendación 3 de los ministros invita al Ejecutivo nacional a asegurar «la presencia de todas las lenguas regionales o minoritarias en los servicios públicos».

En Asturias, hay dos procesos judiciales abiertos por el rechazo del Principado a aceptar que dos funcionarios se dirijan por escrito en asturiano a la Administración. Uno de ellos, el jurista Xurde Blanco, secretario del Aconceyamientu de Xuristes pol Asturianu, opina que la resolución de los ministros del Consejo Europeo es muy importante. «En España, si un idioma no es oficial, está condenado a muerte. ¿Cómo es posible que el Gobierno español argumente que la llingua no es oficial porque no está normalizada y apenas tiene literatura?, ¿cómo se puede mentir con esas desfachatez?».

El Aconceyamientu ha remitido una pregunta al Ministerio de Administraciones Públicas. Quiere saber si desde el Ejecutivo estatal se solicitó información al asturiano, y si éste respondió. «El Gobierno español debería entrar en contacto con asociaciones de hablantes asturianas porque con el autonómico no hay con quien tratar», afirma Xurde Blanco.

El apoyo europeo a las lenguas minoritarias quedó reflejado también el pasado día 14 en el Parlamento de Bruselas, que aprobó un informe (401 votos a favor, 220 en contra y 67 abstenciones) que insta a la Unión a proteger y promover las lenguas regionales mediante fondos y programas específicos. Entre los derechos fundamentales, los eurodiputados incluyen el derecho a hablar y a ser educado en la lengua materna.

Antonio Masip, eurodiputado socialista asturiano, no acudió ese día al Parlamento. «La lengua materna y vehicular en Asturias, como decía Alarcos y dice Neira, es el español. Otra cosa es que, de acuerdo con las resoluciones europeas, se protejan las lenguas minoritarias», afirma.

¿Considera Masip adecuado el nivel de protección del asturiano? «Asturias tiene una gran consejera de Cultura que protegerá lo que tenga que proteger». El eurodiputado, al igual que su partido, rechaza la oficialidad. «En este momento es mucho mejor que hablemos inglés, aunque me parece bien que quien quiera hable asturiano».

1. Tomar las medidas jurídicas y prácticas necesarias para asegurar que un porcentaje adecuado del personal que trabaja en este ámbito en las comunidades autónomas a las que afecta la aplicación del artículo 9 de la Carta tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes.

2. Examinar los programas de contratación, de carrera y de formación destinados al personal de las dependencias de la Administración del Estado, con miras a asegurar que un porcentaje adecuado del personal que trabaja en este ámbito en la comunidades autónomas a las que afecta la aplicación del artículo 10 de la Carta tenga un conocimiento práctico de las lenguas pertinentes.

3. Asegurar la presencia de todas las lenguas regionales o minoritarias en los servicios públicos estatales.

4. Examinar, en colaboración con los hablantes asturianos, la posibilidad de mejorar el nivel actual de protección que ofrece el Estatuto de Autonomía a la lengua asturiana.

5. Tomar medidas para adoptar un marco jurídico específico con miras a proteger y promover las lenguas aragonesa y catalana en Aragón.

6. Aclarar la situación de las siguientes lenguas y adoptar medidas, según proceda y en colaboración con los hablantes, para su protección y promoción: el gallego en Castilla y León, el portugués en la ciudad de Olivenza, el bereber en Melilla y el árabe en Ceuta.

(de La Nueva España, 18-01-2009)