JOSÉ IGNACIO GRACIA NORIEGA
La aprobación de que cada uno pueda hablar en el Senado de España como le dé la gana, para lo que se requiere un servicio de traductores simultáneos que además va a gravar al erario público con un gasto suntuario e inútil, tiene sus bemoles, que dijo el otro, además de ser perfectamente anticonstitucional, ya que la Constitución española, a la que los que menos la respetan tanto invocan cuando les conviene, impone la obligación de todos los españoles de saber la lengua española. Bien es verdad que el meollo del separatismo es precisamente su rechazo a España y, en consecuencia, a su Constitución: los catalanes quieren ser franceses y los vascuences no quieren ser españoles, y la izquierda, desde la moderada (bien es cierto que no hay izquierda moderada) hasta la totalitaria, bien por oportunismo, bien porque siguen creyendo que lo de hablar español es cosa del franquismo y de la derecha, plegándose a los separatistas.