LUIS ORDÓÑEZ
El camino hacia el consenso político para aprobar la oficialidad de la lengua asturiana dio un paso de gigante en septiembre del año pasado cuando el congreso de la Federación Socialista Asturiana aprobó, por una mayoría de votos de la militancia, respaldar una futura reforma del estatuto que diera un reconocimiento legal pleno a la llingua. En los meses siguientes se sucedieron manifestaciones masivas de apoyo a la oficialidad y también comenzó a bosquejarse el borrador del proyecto con el que los socialistas pretenden concretar el diseño de un modelo propio «a la asturiana» para su regulación, una «oficialidad amable», en palabras del secretario general y candidato a la presidencia del Principado, que lograra esquivar los resquemores que aún despierta este asunto en los sectores más conservadores de la sociedad.
Los socialistas se sumaron a un apoyo que venían manteniendo desde hace décadas Izquierda Unida y desde su fundación Podemos Asturies. De hecho, después de que el congreso de la FSA diera esa giro, ambas fuerzas, con distinta intensidad, trataron de apremiar al Ejecutivo de Javier Fernández a que diera los primeros pasos para comenzar las reformas en esta legislatura pero fue en vano. El jefe del Ejecutivo salió derrotado en el congreso de la FSA frente al sanchismo y ni él ni la mayor parte de los miembros de su gabinete o del grupo parlamentario (con la excepción del consejero de Educación Genaro Alonso) manifestaron nunca la menor intención de avanzar en el sentido de la oficialidad. Además, en varias ocasiones, Fernández recalcó que había llegado a la Presidencia con un programa que no recogía tal iniciativa y que se atendría a ese «contrato» con los electores.
Tierra alantre, la mesma fala 