La Xunta Xeneral encamienta al Gobiernu a que’l B2 y el C1 puntúen como méritu nes oposiciones docentes

PABLO R. GUARDADO

Cola oposición única de Ciudadanos y VOX, amás de la de Pedro Leal y Luis Armando Fernández Bartólome, aprobóse la propuesta de resolución de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) con respeuto a les pruebes de certificación de Llingua Asturiana adaptaes al Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües. Solicitábase que nes próximes oposiciones docentes puntuaren como méritu.

Con 43 de los 45 votos posibles emitíos –ún d’ellos foi telemáticu–, la propuesta de resolución socialista presentada pa la tercer y última sesión del Alderique d’Orientación Política Xeneral del añu llexislativu 2022-2023 qu’encamentaba al Conseyu de Gobiernu “a modificar la normativa de les oposiciones a la mayor rapidez posible pa que les certificaciones de conocimientu de la llingua asturiana que s’acreiten per aciu d’un esame entamáu pola Conseyería d’Educación puntúen como méritu nes oposiciones docentes próximes que s’organicen nel Principáu” salió ayeri alantre con 37 votos a favor y 6 en contra. Sofitaron esta iniciativa’l Partido Popular (PP), Podemos, Asturies pela Izquierda (IX-IAS), el diputáu de Foro Adrián Pumares y la vocera de Ciudadanos, Susana Fernández Álvarez.

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Ataquen a Galán y a la empresa Cuatro Gotes tres del señalamientu de dos diputaos anti-oficialidá

Pegamín na pesllera en dos ocasiones nel estudiu de la productora Cuatro Gotes y el llanzamientu d’un güevu dende una vivienda, a lo qu’hai que sumar insultos y acosos en redes. Ye la situación que tien que vivir el so alministrador Inaciu Galán, que denunció los fechos a la Policía’l 24 de xineru, tres del señalamientu fechu por Ignacio Blanco y José María Figaredo, entrambos diputaos de VOX.

El 6 d’ochobre, nuna intervención na Xunta Xeneral, Blanco cita unes declaraciones de Galán, al que califica de “delirante”, acusándolu de “querer un puestín”. Nun quedó ehí la cosa, llevando tamién el señalamientu a redes sociales, emplegando la cuenta propia del diputáu y la de “les d’otres entidaes vinculaes, tales como les de VOX Asturias, el Club del Viernes y la Plataforma contra la Cooficialidá, colgando videos d’intervenciones míes en documentales y reportaxes televisivos, nos que se me desacreditaba y señalaba, incluyendo captures de documentación del BOPA onde apaecíen trabayos fechos pola empresa de la que soi alministrador, Cuatro Gotes Producciones, SL”, esplica’l denunciante nel documentu presentáu a les fuercies de seguridá nel momentu de facer la denuncia con captures y abonda información al respeuto.

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Francisco Llera Ramo: «Identificar oficialidad con nacionalismo es una babayada»

L. ORDÓÑEZ

Francisco Llera Ramo (Caravia, 1950) fue el impulsor del Euskobarómetro desde su cátedra de Ciencia Política en la Universidad del País Vasco, esta labor y su compromiso democrático le valieron varias amenazas el entorno de ETA y los últimos coletazos se dieron con la resistencia el año pasado a reconocerle como emérito. Es también el director de los Estudios Sociolingüísticos sobre la lengua asturiana que durante décadas han analizado el sentir de la población al respecto. En el presente con un consenso político creciente a favor de reconocer la oficialidad, Llera Ramo recalca que es una demanda plenamente constitucional y acusa de populismo a quienes reclaman que se haga un referendum para la reforma del estatuto.  

Como responsable de los estudios sociolingüísticos sobre la lengua asturiana ha sido un espectador privilegiado de la evolución de la opinión pública sobre el idioma y la oficialidad. En este sentido, ¿cuál cree que ha sido la clave o qué ha influido más para que el consenso a favor haya llegado a ser mayoritario en el presente?

En efecto, son ya 30 años desde que hicimos la Iª Encuesta Sociolingüística en el Navia-EO en 1990, siguiendo los estándares de otras comunidades lingüísticas españolas, a la que han seguido otras 5. En la sociedad asturiana siempre ha habido mayoría de hablantes, mayoría a favor de defender y normalizar sus lenguas vernáculas (identificadas como «asturiano» y «fala», respectivamente), mayoría a un trato igual que el recibido por el resto de lenguas regionales, mayoría a favor de la enseñanza de ambas lenguas (asturiano y eonaviego), mayoría en favor de recuperar la toponimia tradicional, mayoría a favor de su oficialidad y mayoría para un futuro bilingüe. Y estas mayorías siempre han sido transversales. Eran las élites las que no estaban en sintonía con su sociedad y ha sido el PSOE el gran obstáculo, si no para la conservación y promoción de nuestras lenguas, si para su oficialización. Lo que se ha producido es un cambio generacional, de la mano del avance de la normalización y la alfabetización, sobre todo, escolar. La paradoja es la postura actual del PP, que no casa con sus posiciones pasadas. Lo de Vox es otra cosa.

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Ni se pedirán, ni se concederán traductores de asturiano en la Junta General

L.O.

La semana pasada, la Junta General del Principado aprobó una reforma de su reglamento para permitir que cuaquier persona que intervenga en la cámara pueda expresarse en lengua asturiana. Hasta ahora, según la normativa del parlamento autonómico sólo podían hacerlo los diputados, al menos esa fue la interpretación estricta de los letrados cuando el pasado mes de octubre cuando atendieron las quejas de PP y Vox durante una de las primeras comparecencias de la consejera de Cultura, Berta Piñán. Los letrados afirmaron que el reglamento no amparaba a los miembros del gobierno, sólo a los diputados, y por eso IU planteó la reforma ahora aprobada.

Pero la querella sobre el uso del asturiano en el parlamento va más allá. Si llegó a plantearse la posibilidad de que un diputad reclamara la presencia de un traductor fue porque alguien lo hizo así (lo pidió «simultáneo» la diputada popular Gloria García; y también porque los detractores de la llingua, entre ellos Vox y en parte también el rigorismo de los letrados, se apoyaba en un articulo de la Constitución, norma suprema, que recoge el derecho a participar en asuntos públicos y además a hacerlo en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Es decir, y en resumen, a entender lo que se debate. ¿Realmente un diputado en Asturias podría no entender el asturiano? ¿se podría pedir un traductor en un debate en castellano si uno de los intervinientes utilizara un cultismo que otros diputados no comprendieran? ¿se podría parar un debate en el parlamento asturiano si desde un escaño se hace una cita en latín?

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PSOE, Podemos e IU abren la puerta a la reforma para usar el asturiano en la Junta

JUAN A. ARDURA

El asturiano entra de lleno en la agenda política del Parlamento regional desde el inicio de esta legislatura. El PSOE, Podemos e IU han apoyado y sacado adelante la toma en consideración de la reforma del reglamento de la Cámara, que había presentado la coalición, para dar cobertura al uso de la llingua en la Junta General. “El hito que se ha producido es que por primera vez alguien ha dicho en esta Cámara que no entiende el asturiano y no que la consejera de Cultura hablase en llingua”, defendió la portavoz socialista, Dolores Carcedo en un debate en el que el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, realizó su intervención con una montera picona para demostrar “que no tengo ningún complejo de inferioridad como ha dicho el señor Barbón”.

Pablo González, del PP, lamentó los “teatros” alrededor del asturiano y sostuvo que “al margen de las vísceras, aquí se habla de seguridad jurídica” al tiempo que basó la negativa de su grupo en varias consideraciones recogidas por los servicios jurídicos de la Cámara en su informe sobre el empleo del asturiano en el Parlamento.

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PP y Vox vetan el uso del asturiano en la comparecencia de Piñán

L. ORDÓÑEZ

Berta Piñán tenía el propósito de realizar en lengua asturiana la exposición de las prioridades de su Consejería, la de Cultura ante los representantes de los distintos grupos parlamentarios de la Junta General. Pero se topó con un veto doble. En primer lugar por parte del PP ya que la diputada María Gloria García, natural de Mieres, reclamó «traducción simultánea» al sentirse incapaz de entender adecuadamente la exposición en asturiano. También planteó problemas el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, quien directamente exigió que no se permitiera el uso del asturiano y en forma de mofa planteó que se pudieran dar las intervenciones en inglés. Los grupos conservadores apalearon a una interpretación lo más restrictiva posible del reglamento parlamentario y cumplieron su objetivo.

Según recogió Europa Press la presidenta de la Comisión, Lidia Fernández (del PSOE), pidió un receso para hacer una consulta a la letrada presente. Los miembros de la Mesa y la letrada estuvieron en los pasillos de la Junta General hablando algo más de cinco minutos.

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¿Cuánto costaría realmente la oficialidad?

LUIS ORDÓÑEZ

A medida que avanza el debate sobre la posibilidad de aprobar la oficialidad de la lengua asturiana en una futura reforma del Estatuto de Autonomía, los partidarios y detractores de la medida esgrimen los argumentos que cimentan su posición en función de numerosos motivos y uno de ellos es la especulación sobre el coste que implicaría su aplicación. En distintos medios, algunos de ámbito nacional, se ha apuntado una horquilla de entre 20 y 73 millones de euros. La primera cifra corresponde a cálculos avanzados por diversos economistas y también la propuesta de la Academia de la Llingua (ALLA), la segunda surge de la plataforma contra la Oficialidad cuyos miembros coinciden con los de El Club de los Viernes que ha protagonizado la difusión de informaciones sesgadas al estilo de las últimamente renombradas «fake news».

El pasado lunes, el vicesecretario nacional de Política Social del PP, Javier Maroto, se hacía eco de la cifra de 73 millones de euros ¿de dónde sale ese cálculo? Es fruto de un estudio firmado por Ignacio Blanco y Jorge Álvarez Riera, que toma como referencia un «coste medio por habitante por lengua cooficial en España» que asegura es de entre 46 y 49 euros por habitante (aunque no cita de dónde obtiene ese dato) y luego le va añadiendo multiplicaciones. Primero por el millón largo de la población de la comunidad, después por una «poderación de coste» en los ayuntamientos que asegura supondrían 7,4 millones más anuales y después introduce el concepto de «Caso Bruselas» para asegurar de nuevo que todo ello debería incluir un incremento anual del 25% durante un lustro. El «Caso Bruselas» es especialmente extravagante ya que se refiere a la singularidad de la capital belga y a la división radical de las comunidades valona y flamenca en el ámbito educativo y administrativo que no tiene similitudes con ningún otro país europeo. Es gracias a ese concepto como se llega hasta una estimación de entre 69 y 73 millones de euros, por lo que ese cálculo astronómico se basa en el extremo más costoso de un análisis de por sí desproporcionado.

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