La protección del leonés

NICOLÁS BARTOLOMÉ PÉREZ

España se proclama como un Estado de Derecho en el artículo 1 de la Constitución, lo que significa que tanto los ciudadanos como los poderes públicos están sometidos a las leyes vigentes. Es decir, el Gobierno de España, la Generalitat catalana, la Junta de Castilla y León o el Ayuntamiento de Madrid deben cumplir la ley sin excepción, y que las personas que ostenten cargos o desarrollen funciones de carácter público tienen prohibido actuar conforme a su voluntad particular, sus prejuicios o sus intereses individuales. El artículo 9.3 de la Constitución prohíbe expresamente la arbitrariedad de los poderes públicos; dicho de otra forma, las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias que vulneren el principio de igualdad de los ciudadanos a la hora de aplicar la ley o que impliquen realizar interpretaciones caprichosas de las normas jurídicas.

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La Junta se compromete a apoyar la difusión del leonés

La consejera de Cultura y Turismo, Josefa García, comprometió este martes el apoyo de su departamento a todas las iniciativas que fomenten la difusión del leonés, tal y como solicitó en una pregunta oral el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, quien, no obstante, acusó a la Junta y al PP de abandonar la protección de este idioma.

Sin embargo, García enumeró algunas de las actuaciones que su departamento llevará a cabo en 2016 como la celebración de mesas redondas o diversos proyectos con asociaciones, al tiempo que se dedicará un apartado en la adquisición de fondos bibliográficos en las bibliotecas de Castilla y León para ejemplares en León en las bibliotecas de las provincias de León, Zamora y Salamanca, así como en lo bibliobuses de estas provincias.

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