La oficialidad del asturiano pasa de puntillas en la campaña electoral

ANA MORIYÓN

La reforma del Estatuto de Autonomía para avanzar en la oficialidad del asturiano, que en la legislatura que ahora termina generó un importante debate político y arduas negociaciones extraparlamentarias que finalmente no llegaron a buen puerto, pasa ahora de puntillas en la campaña electoral. Los posicionamientos de los partidos son de sobra conocidos y así los recogen en sus correspondientes programas electorales pero, por una cuestión de clara estrategia política, únicamente Vox ha querido llevar esta cuestión a la primera línea del debate electoral. Su candidata, Carolina López, lleva el rechazo explícito a la oficialidad del asturiano como bandera en cada uno de sus discursos.

El resto de las formaciones han dejado, se entiende que intencionadamente, que este tema pasara prácticamente desapercibido en la campaña pese a que, tras el fracaso de la negociación que se llevó a cabo durante la legislatura que ahora termina, partidos políticos y el propio movimiento asturianista pusieran la vista en estos comicios electorales. «Los ciudadanos tendrán oportunidad de decidir en las elecciones si quieren dotar a la Junta de los 27 votos necesarios que permitan la reforma del Estatuto y, por tanto, la oficialidad del asturiano», repitió como un mantra el año pasado el secretario general de la FSA, Adrián Barbón.

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Ni se pedirán, ni se concederán traductores de asturiano en la Junta General

L.O.

La semana pasada, la Junta General del Principado aprobó una reforma de su reglamento para permitir que cuaquier persona que intervenga en la cámara pueda expresarse en lengua asturiana. Hasta ahora, según la normativa del parlamento autonómico sólo podían hacerlo los diputados, al menos esa fue la interpretación estricta de los letrados cuando el pasado mes de octubre cuando atendieron las quejas de PP y Vox durante una de las primeras comparecencias de la consejera de Cultura, Berta Piñán. Los letrados afirmaron que el reglamento no amparaba a los miembros del gobierno, sólo a los diputados, y por eso IU planteó la reforma ahora aprobada.

Pero la querella sobre el uso del asturiano en el parlamento va más allá. Si llegó a plantearse la posibilidad de que un diputad reclamara la presencia de un traductor fue porque alguien lo hizo así (lo pidió «simultáneo» la diputada popular Gloria García; y también porque los detractores de la llingua, entre ellos Vox y en parte también el rigorismo de los letrados, se apoyaba en un articulo de la Constitución, norma suprema, que recoge el derecho a participar en asuntos públicos y además a hacerlo en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Es decir, y en resumen, a entender lo que se debate. ¿Realmente un diputado en Asturias podría no entender el asturiano? ¿se podría pedir un traductor en un debate en castellano si uno de los intervinientes utilizara un cultismo que otros diputados no comprendieran? ¿se podría parar un debate en el parlamento asturiano si desde un escaño se hace una cita en latín?

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El 26-M marca el futuro inmediato de la oficialidad de la llingua

LUIS ORDÓÑEZ

El camino hacia el consenso político para aprobar la oficialidad de la lengua asturiana dio un paso de gigante en septiembre del año pasado cuando el congreso de la Federación Socialista Asturiana aprobó, por una mayoría de votos de la militancia, respaldar una futura reforma del estatuto que diera un reconocimiento legal pleno a la llingua. En los meses siguientes se sucedieron manifestaciones masivas de apoyo a la oficialidad y también comenzó a bosquejarse el borrador del proyecto con el que los socialistas pretenden concretar el diseño de un modelo propio «a la asturiana» para su regulación, una «oficialidad amable», en palabras del secretario general y candidato a la presidencia del Principado, que lograra esquivar los resquemores que aún despierta este asunto en los sectores más conservadores de la sociedad.

Los socialistas se sumaron a un apoyo que venían manteniendo desde hace décadas Izquierda Unida y desde su fundación Podemos Asturies. De hecho, después de que el congreso de la FSA diera esa giro, ambas fuerzas, con distinta intensidad, trataron de apremiar al Ejecutivo de Javier Fernández a que diera los primeros pasos para comenzar las reformas en esta legislatura pero fue en vano. El jefe del Ejecutivo salió derrotado en el congreso de la FSA frente al sanchismo y ni él ni la mayor parte de los miembros de su gabinete o del grupo parlamentario (con la excepción del consejero de Educación Genaro Alonso) manifestaron nunca la menor intención de avanzar en el sentido de la oficialidad. Además, en varias ocasiones, Fernández recalcó que había llegado a la Presidencia con un programa que no recogía tal iniciativa y que se atendría a ese «contrato» con los electores.

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