L.O.
La semana pasada, la Junta General del Principado aprobó una reforma de su reglamento para permitir que cuaquier persona que intervenga en la cámara pueda expresarse en lengua asturiana. Hasta ahora, según la normativa del parlamento autonómico sólo podían hacerlo los diputados, al menos esa fue la interpretación estricta de los letrados cuando el pasado mes de octubre cuando atendieron las quejas de PP y Vox durante una de las primeras comparecencias de la consejera de Cultura, Berta Piñán. Los letrados afirmaron que el reglamento no amparaba a los miembros del gobierno, sólo a los diputados, y por eso IU planteó la reforma ahora aprobada.
Pero la querella sobre el uso del asturiano en el parlamento va más allá. Si llegó a plantearse la posibilidad de que un diputad reclamara la presencia de un traductor fue porque alguien lo hizo así (lo pidió «simultáneo» la diputada popular Gloria García; y también porque los detractores de la llingua, entre ellos Vox y en parte también el rigorismo de los letrados, se apoyaba en un articulo de la Constitución, norma suprema, que recoge el derecho a participar en asuntos públicos y además a hacerlo en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Es decir, y en resumen, a entender lo que se debate. ¿Realmente un diputado en Asturias podría no entender el asturiano? ¿se podría pedir un traductor en un debate en castellano si uno de los intervinientes utilizara un cultismo que otros diputados no comprendieran? ¿se podría parar un debate en el parlamento asturiano si desde un escaño se hace una cita en latín?
Tierra alantre, la mesma fala 